Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que tener en 2023 un cuerpo de policía especializado en delitos de odio
El Gobierno valenciano pretende combatir la despoblación incentivando fiscalmente a los ciudadanos que residan habitualmente en un municipio con baja densidad de población y con un crecimiento demográfico menor o igual a cero. En el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021 hecho público este martes, el Ejecutivo autonómico ha incluido deducciones en el IRPF de entre 300 y 540 euros para evitar el fenómeno de la España vaciada. Y es que el cambio normativo prevé un importe mínimo de 300 euros para el contribuyente que resida en estos pueblos que pierden habitantes año tras año que se incrementará en 120, 180 o 240 euros en función de si el beneficiario tiene uno, dos o tres o más hijos, respectivamente.
Criterios para saber cuándo se considera a un municipio en riesgo de despoblación
Número de habitantes inferior o igual a los veinte habitantes por kilómetro cuadrado.
Tasa de crecimiento de la población en el periodo comprendido en los últimos veinte años: menor o igual al cero por ciento.
Porcentaje que representa el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sobre la población en el periodo comprendido entre los últimos veinte años: menor o igual a -10%.
Porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años: mayor o igual al doscientos cincuenta por ciento.
Cociente entre la suma de la población de menores de 16 años y mayores de 64 y la población de 16 a 64 años, multiplicado por 100: mayor o igual al sesenta por ciento.
Porcentaje que representa el saldo migratorio en el periodo comprendido entre los últimos diez años (diferencia entre las entradas y salidas de población por motivos migratorios) sobre la población total del último año: menor o igual a cero. |
Policías contra los delitos de odio
En otro orden de cosas, la Ley de Acompañamiento propone poner fecha al artículo de la Ley de Coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana que establecía que «los cuerpos policiales de municipios de más de 50.000 habitantes contarán con un grupo especializado en la prevención de los delitos de odio». La nueva redacción concreta que estas localidades «tendrán que contar con ese grupo especializado antes del 1 de enero de 2023». (https://www.elmundo.es/)